Tax on non-recycled plastic in the European Union

La Unión Europea (UE) ha introducido un impuesto específico para desincentivar el uso de plásticos de un solo uso y fomentar el reciclaje. Esta medida, comúnmente llamada impuesto al plástico no reciclado, busca reducir la contaminación plástica y al mismo tiempo generar ingresos para el presupuesto comunitario. A continuación, se detalla su origen, funcionamiento, fórmula de cálculo, contribución económica, rol en la economía circular y los retos principales que enfrenta en su aplicación.

Origen del impuesto y fecha de implementación

A finales de la década de 2010, la contaminación por plásticos se había convertido en un problema urgente en Europa. Cada año se generaban alrededor de 26 millones de toneladas de residuos plásticos en la UE, de los cuales solo se reciclaba en torno al 30%. Este bajo nivel de reciclaje suponía impactos negativos en el medio ambiente, la salud pública y la economía. Para afrontar esta situación, la Comisión Europea presentó en enero de 2018 una Estrategia para el Plástico orientada a reducir el uso de plásticos y avanzar hacia una economía circular.

Como parte de las medidas derivadas de dicha estrategia, el 1 de enero de 2021 entró en vigor un nuevo recurso propio de la UE basado en los residuos plásticos no reciclados. En la práctica, se trata de un impuesto a nivel comunitario que grava los residuos de envases de plástico que no se reciclan. Esta contribución fue acordada por los Estados miembros durante las negociaciones del presupuesto post-2020, con el doble objetivo de diversificar las fuentes de ingresos de la UE (especialmente tras los gastos extraordinarios por la COVID-19) y de incentivar a los países a reducir sus residuos plásticos. En otras palabras, la UE buscó alinear la política fiscal con sus metas medioambientales, penalizando la falta de reciclaje para impulsar cambios en la gestión de residuos.

¿Cómo funciona y a quién se aplica?

El impuesto al plástico no reciclado funciona como una contribución nacional al presupuesto europeo. Cada Estado miembro debe aportar 0,80 euros por cada kilogramo de residuos de envases plásticos que no recicle. La obligación de pago recae sobre los gobiernos nacionales (no directamente sobre empresas privadas) y se calcula en base a las toneladas de residuos de envases plásticos que terminan en vertederos o incineración en lugar de reciclarse.

Ahora bien, aunque la contribución se exige a los Estados, cada país tiene flexibilidad para decidir cómo reunir esos fondos. En línea con el principio de subsidiariedad, la UE permite a los gobiernos definir las políticas más adecuadas para reducir la contaminación por plásticos y financiar este aporte. Esto ha dado lugar a diferentes enfoques en cada país:

• Cargo al presupuesto nacional: Algunos gobiernos asumen el coste directamente con fondos públicos, sin crear nuevos gravámenes internos. Esta opción evita trasladar la carga inmediata a la industria o los consumidores, pero reduce el incentivo económico directo para las empresas recicladoras o productoras de plástico.
• Impuestos nacionales al plástico: Otros países han optado por crear impuestos internos específicos sobre productos plásticos para trasladar el coste a quienes ponen en el mercado envases no reciclables. Por ejemplo, España aprobó a partir de 2023 un impuesto especial de 0,45 € por kilogramo de plástico no reciclado en envases de un solo uso. Este impuesto nacional grava a los fabricantes e importadores de envases plásticos no reutilizables, buscando promover envases con mayor contenido reciclado. Italia legisló una tasa similar (0,45 €/kg) en 2020, pero ha pospuesto su entrada en vigor varias veces (actualmente aplazada hasta 2026) debido a la preocupación por la carga fiscal durante la crisis económica post-COVID. Alemania también ha retrasado la aplicación de su impuesto al plástico hasta 2025 por dificultades técnicas y de consenso. Otros países, como Francia, de momento no han establecido un impuesto interno de este tipo, citando falta de consenso político y complejidades administrativas, aunque todos están obligados a contribuir al recurso europeo igualmente.

En resumen, el impuesto se aplica a los Estados miembros, pero su efecto cascada puede llegar a empresas y consumidores según decida cada gobierno. Los productores de plástico y empresas de bienes de consumo sienten la presión en aquellos países que han optado por repercutir el coste mediante impuestos o tasas nacionales. En todos los casos, la finalidad última es motivar a toda la cadena (desde autoridades hasta industria) a reducir la generación de residuos plásticos no reciclados.

Cálculo del impuesto y aporte al presupuesto de la UE

La base de cálculo de este gravamen es el peso anual de residuos de envases plásticos no reciclados en cada país. La Comisión Europea aplica un tipo uniforme de 0,80 € por kilogramo sobre esa cantidad. Para evitar cargas desproporcionadas en las economías menos desarrolladas de la UE, se estableció un mecanismo de ajuste que reduce las contribuciones de los Estados miembros con menor renta, evitando contribuciones excesivas de estos países.

Las cifras concretas de residuos se obtienen de los datos oficiales que los Estados miembros reportan a Eurostat en el marco de la Directiva de Envases y Residuos de Envases. Dado que dichos datos definitivos se notifican con retraso (normalmente dos años después), las contribuciones inicialmente se calculan sobre estimaciones acordadas entre cada país y la Comisión, con ajustes posteriores una vez disponibles los datos finales. Este método garantiza que el presupuesto de la UE reciba ingresos regulares cada año, realizando correcciones contables más adelante si un país pagó de menos o de más según su desempeño real en reciclaje.

Desde su implementación en 2021, el impuesto al plástico no reciclado se ha convertido en una fuente de ingresos notable para la Unión Europea. En 2021 (primer año efectivo), generó aproximadamente 5.900 millones de euros para las arcas comunitarias, cifra que resultó ser unos 1.100 millones inferior a la estimada, debiendo compensarse en ejercicios posteriores. A medida que se normalizaron los reportes, la recaudación aumentó: en 2023 aportó alrededor de 7.200 millones de euros al presupuesto de la UE, equivalentes al 4% de los ingresos totales de ese año. Esto significa que una fracción significativa (varios puntos porcentuales) del presupuesto anual comunitario proviene ya de este recurso propio “verde”. Para ponerlo en contexto, estos ingresos complementan a otras fuentes tradicionales del presupuesto europeo, como los derechos de aduana, el porcentaje del IVA o las contribuciones nacionales basadas en el PIB.

Impulso a la economía circular y al reciclaje

Además de su función recaudatoria, este impuesto está diseñado como una herramienta para impulsar la economía circular en Europa. Al gravar económicamente el residuo plástico no reciclado, se crea un incentivo directo para mejorar las tasas de reciclaje y reducir la cantidad de plásticos de un solo uso. Los Estados miembros tienen motivación para implementar políticas que minimicen sus residuos plásticos (pues así reducen su contribución a la UE). Esto puede lograrse a través de diversas acciones: desde programas de reciclaje más eficientes, hasta fomentar envases sostenibles o materiales alternativos y sistemas de retorno y reutilización de envases en la industria.

La medida se alinea con los objetivos comunitarios de reciclaje. Por ejemplo, la Directiva de Envases exige que al menos 50% de los residuos plásticos de envases se reciclen para 2025, y llegar al 55% en 2030. Penalizando la porción no reciclada, el impuesto ayuda a empujar a los países hacia el cumplimiento de estas metas ambiciosas. Para las empresas, indirectamente supone una señal de mercado: los productores y distribuidores son animados a incorporar mayor contenido reciclado en sus envases y a rediseñar productos para que sean más fácilmente reciclables, ya que si sus envases terminan como residuos no reciclados, eventualmente eso genera un coste para el país (que puede revertirse en mayores impuestos o regulaciones nacionales para el sector).

Un ejemplo claro del impulso a la circularidad es el caso de Reino Unido, que pese a no pertenecer ya a la UE, adoptó en 2022 un impuesto a los envases de plástico con menos de 30% de contenido reciclado, cobrando 210 libras por tonelada a fabricantes e importadores. Esta iniciativa británica, similar en espíritu a la europea, ha estimulado la demanda de plástico reciclado, encareciendo las opciones no recicladas e incentivando a la industria a usar material reciclado. En la UE continental, países como España permiten que las empresas deduzcan del cálculo del impuesto nacional la parte de plástico reciclado que contenga el envase, con el objetivo de premiar el uso de material reciclado y no penalizarlo en la cadena productiva. Todas estas medidas complementarias refuerzan la transición hacia una economía circular donde el plástico se mantiene dentro del ciclo productivo (mediante reciclaje y reutilización) en lugar de convertirse en residuo desperdiciado.

En el largo plazo, el impuesto al plástico no reciclado pretende no solo recaudar fondos, sino cambiar comportamientos: que los Estados inviertan en mejores infraestructuras de gestión de residuos, que las empresas innoven en materiales y modelos de negocio más sostenibles, y que los consumidores adopten hábitos de reducción y separación de residuos. De esta forma, el instrumento fiscal apoya la visión de una Europa climáticamente neutra y circular, donde el crecimiento económico se desacopla del consumo de recursos vírgenes y la generación de desechos.

Principales retos de su aplicación

A pesar de sus objetivos loables, la puesta en marcha de este impuesto enfrenta diversos desafíos técnicos, administrativos y políticos. Entre los principales retos de su aplicación destacan:

• Fiabilidad de los datos y armonización: Una dificultad central ha sido asegurar que todos los países midan y reporten de forma uniforme sus residuos plásticos reciclados y no reciclados. El Tribunal de Cuentas Europeo advirtió en 2024 que existían “serias dudas sobre la fiabilidad de las estadísticas” que sustentan el cálculo del impuesto. Solo 5 Estados miembros habían transpuesto completamente las actualizaciones legales de definiciones de envase y plástico tras 2018, lo que significa que la mayoría operaba con metodologías distintas o desactualizadas. Esto deriva en posibles inconsistencias en la base de datos: diferencias en la interpretación de qué se considera “plástico reciclado” o en qué punto se mide el reciclaje pueden alterar las cifras reportadas. La Comisión Europea se ha comprometido a mejorar la comparabilidad de los datos –por ejemplo, implantando en 2026 una nueva metodología de reporte armonizada–, pero mientras tanto la calidad de los datos varía entre países, dificultando un cálculo preciso y justo para todos.
• Ajustes retroactivos y brecha de ingresos: Debido a las limitaciones de los datos iniciales, han surgido diferencias entre las contribuciones estimadas y las reales. Como se mencionó, en 2021 la recaudación final (5.900 M€) quedó por debajo de lo anticipado en unos 1.100 M€, obligando a ajustes al alza posteriores. Estos desajustes crean incertidumbre presupuestaria y evidencian que algunos países probablemente sobrestimaron su capacidad de reciclaje al hacer las previsiones. El riesgo opuesto –subestimar residuos para pagar menos– preocupa a las instituciones, aunque hasta ahora no se han hallado pruebas de que ningún Estado infradeclare intencionalmente sus cifras. Resolver la brecha de datos con reportes más rápidos y confiables es clave para la credibilidad y estabilidad de este impuesto.
• Fraude y exportación ilegal de residuos: Un efecto colateral no deseado es la posible aparición de prácticas fraudulentas o delictivas para eludir el impuesto. Dado que cumplir objetivos de reciclaje tiene ahora repercusiones financieras, se ha detectado un aumento en vertidos y exportaciones ilegales de residuos plásticos para aparentar mayores tasas de reciclado. Europol ha confirmado un “repunte” de actividades criminales vinculadas a residuos plásticos, con casos de materiales declarados como reciclados que acabaron abandonados o quemados fuera del sistema controlado. Estas mafias de residuos buscan burlar tanto la ley medioambiental como el impuesto, aprovechando huecos en la vigilancia transfronteriza. El desafío para la UE y los Estados miembros es reforzar la trazabilidad de los residuos (por ejemplo, asegurando que los plásticos exportados fuera de la UE realmente sean reciclados bajo estándares equivalentes) y aumentar las inspecciones para impedir estas prácticas ilícitas. La Comisión ha reconocido que sus competencias de inspección son limitadas –dependen en gran medida de las autoridades nacionales–, por lo que urge a los gobiernos a auditar y controlar mejor las operaciones de reciclaje en sus territorios.
• Aplicación desigual y resistencia política: La introducción de impuestos al plástico no ha ocurrido de forma homogénea en toda Europa, reflejando distintas prioridades y grados de aceptación política. Mientras países como España o Portugal avanzaron rápidamente con impuestos nacionales alineados al recurso europeo, otros como Italia y Alemania han pospuesto repetidamente su implementación, y Francia directamente no ha llegado a plantearla aún. Esta disparidad responde a diferentes circunstancias económicas y presiones de la industria en cada país. En varias naciones, sectores industriales han expresado preocupación por los costes adicionales que supondría el impuesto, especialmente tras la pandemia. Por ejemplo, en Italia se argumentó que la tasa perjudicaría a las empresas en un momento de debilidad económica, logrando aplazar su entrada en vigor hasta siete veces. La falta de consenso político también ha sido un freno importante –como en Francia– debido a debates internos sobre cómo diseñar el impuesto sin dañar la competitividad o encarecer productos básicos. Todo esto pone de manifiesto la complejidad administrativa y política de coordinar una medida fiscal medioambiental a escala continental. Convencer a todas las partes implicadas (gobiernos, industrias y ciudadanos) de los beneficios a largo plazo sigue siendo un reto, especialmente cuando los costos se sienten en el corto plazo.

En síntesis, aunque el impuesto europeo al plástico no reciclado es una iniciativa pionera y ambiciosa para promover la sostenibilidad, su implementación conlleva desafíos importantes. Superar estas dificultades requerirá mejoras técnicas (en datos y control), cooperación internacional para frenar el fraude, y voluntad política para armonizar las soluciones sin diluir los objetivos ambientales. Pese a todo, el consenso general en el sector de la gestión de residuos es que este tipo de instrumentos son necesarios para acelerar la transición hacia una economía circular, internalizando en el coste económico el impacto medioambiental de no reciclar. Con ajustes y aprendizajes continuos, el impuesto al plástico no reciclado en la UE puede convertirse en un modelo de cómo usar la fiscalidad para impulsar la innovación en reciclaje y la responsabilidad compartida en la lucha contra la contaminación plástica